He aquí una dirección y un teléfono en
Tokio que dirán muy poco al común de los mortales, incluso si los mortales son
colombianos: Nihonbashi Honcho Bldg. 1f, 1-3-5 Nihonbashi Honcho Chou-ku Tokyo
103-0023 Japan Ph: 813-32317393.
Ha sido durante tiempo la dirección comercial
de un hombre de negocios afincado en la capital japonesa cuyo nombre es Eduardo
Cárdenas. Hasta aquí la cosa sigue siendo anodina. Pero si decimos que el
personaje es hermano de la embajadora de Colombia en Japón la cosa se pone
interesante. Y si de paso recordamos que también es hermano del flamante
ministro de Hacienda de Juan Manuel Santos, Mauricio Cárdenas, más interesante
aún.
Las exportaciones de Colombia a Japón, siendo altamente
deficitarias para el gobierno colombiano, anualmente superan los 200 millones
de dólares. El café representa el 74 por ciento del total de las ventas a
ese país y después de Estados Unidos y Rusia, Japón se ha convertido en el
tercer comprador de flores colombianas. Por esas casualidades de la vida, Eduardo,
Patricia y Mauricio son hijos de Jorge Cárdenas, mandamás de la Federación de
cafeteros durante veinte años. Insisto, 74 por ciento del total de ventas a
Japón es café.
A pesar de estas credenciales estamos seguros de que es
de muy mal pensados creer que Jorge Cárdenas Gutiérrez ha hecho y deshecho
durante años en la embajada de Colombia en Tokio y que, como se dice en la
colonia colombiana en el país del sol naciente, en los negocios entre ambos
países no se mueve una hoja sin el visto bueno y participación de la prominente
y respetadísima familia Cárdenas.
Ahora tendremos durante los próximos años a un vástago de
los Cárdenas manejando las finanzas del país y administrando los impuestos que
pagamos todos los colombianos. Estamos en buenas manos. El fallo del Consejo de
Estado sobre el escándalo de Dragacol, en 1998, cogió “por sorpresa” a Mauricio, quien fuera Ministro de Transportes durante la vergonzosa conciliación que robó
al Estado cientos de miles de millones de pesos.
Recordémoslo brevemente. Por unos
contratos, sobre los que se exigían más de 26.000 millones de pesos, el Estado
alcanzó a desembolsar a la firma Dragacol 17.600 millones de pesos. El dinero
restante quedó congelado luego de que estallara en el escándalo. Según el
Consejo de Estado, el valor real que se debió reconocer por aquellos contratos
jamás debió exceder los 4.000 millones de pesos.
Y, aunque el Consejo de Estado lo hizo responsable
solidario y la Procuraduría lo acusó de no velar por los intereses del Estado,
Mauricio asegura que no había lugar a responsabilidad, y que ha sido juzgado y
absuelto por la Fiscalía y la Procuraduría. Y aquí paz y después gloria.
Supongo, a la vista del primer nombramiento
de su “refrescado” gabinete, Santos seguirá en la misma línea de hojas de vida
que se denunció en su momento en la Silla Vacía:
Dios nos coja confesados.
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