Los
colombianos son un pueblo atípico. Capaces de las más iracundas reacciones
individuales cuando creen ver afectados sus intereses o simpatías políticas y
aborregados y sumisos como colectividad ante los abusos del poder. Colombia
está rodeada de naciones que en un momento vieron caer a sus gobernantes por
causas más o menos justas pero que fueron derribados en medio de una protesta
popular y aquí, en un país que alardea de respetuoso con la leyes y la
democracia, pasan impertérritos mandatos perfectamente olvidables.
Solo una
vez en sus doscientos años de independencia los colombianos reaccionaron en
masa frente a lo que consideraron una afrenta a los intereses de una gran
colectividad y lo hicieron muy en su estilo individual, con esa violencia
irracional que ha dejado tantos muertos entonces y tantos con sus secuelas que
ya somos incapaces de contar: el 9 de abril de 1948. Pero, fuera de esa vez,
por encima de este país pasan carros y carretas de abusos, infamias y tropelías
sin que los colombianos reaccionen pensando en el bien común.
Cometieron
como nación el grave error de importar un problema que no tenían, la
elaboración y comercio de un producto de alta demanda pero prohibido, la
cocaína. Y cuando se dieron cuenta del error –si es que esto ocurrió, cosa que
dudo-, fue demasiado tarde. El hito, en todo caso, de ese momento histórico fue
Pablo Escobar quien quiso derribar a las instituciones escablecidas con el
poder de su inmensa fortuna y ese carácter suyo tan propio y tan colombiano. No
pudo, sin embargo, porque nada se puede cuando se lucha como individuo contra
el Estado.
Ocurrió
entonces, cuando pasó este fenómeno, un hecho pequeñito y desaparcibido pero
muy significativo. La familia del capo, refugiada fuera de Colombia, queriendo
ocultarse en el anonimato, se cambia de nombre y no encuentra mejor opción entre
la infiniadad de apellidos que pudo haber escogido para ocultarse de los focos
y la curiosidad pública, que escoger el de dos de las familias de mayor alcurnia
criolla, Marroquín Santos. Los traicionó el subconciente, de eso se trataba, de
ser como los que han mandado toda la vida en este país.
Pasa el
fenómeno Escobar y los beneficiados con su muerte, el Cartel de Cali, sus
archienemigos en el negocio de la cocaína, comprenden que contra el Estado no
se lucha pero que si se quiere estar allí se lo puede comprar. Y lo compran. La
familia Rodríguez Orejuela derrama los millones de dólares suficientes para
poner en el palacio de Nariño a un presidente y luego para que un Congreso
venal lo absuelva de su pecado. Y los colombianos como colectividad aceptan y
otorgan. Pagarán muy caro con el gobierno de Álvaro Uribe este nuevo error.
Pero antes
deben soportar un experimento inútil que se podría haber ahorrado el mandatario
de turno, Andrés Pastrana, si hubiese leído antes el único librito que escribió Manuel Marulanda, “Cuaderno de Campaña”, en donde está su credo y manera de
actuar siempre: hay que engañar al poder “hagámosle creer –dice Marulanda y
cito de memoria- que estamos de acuerdo para ganar tiempo y fortalecernos entre
tanto”.
Y llegó
Álvaro Uribe, el colombiano por excelencia, iracundo, iluminado, poseído de la
verdad verdadera y dispuesto a imponerla saltando por encima de las leyes. Con
Uribe y la parapolítica pagaron los colombianos el error de no haber castigado
a Ernesto Samper por haberse hecho elegir con dinero del narcotráfico. Los
corruptos dijeron: “aquí todo el monte es orégano, podemos hacer lo que
queramos”.
Tienen,
sin embargo, los colombianos un instrumento que podría revertir esta situación.
Dar el campanazo a la clase instalada en el poder desde hace ya tantos años. Un
instrumento que tiene la facultad para inhabilitarlos en el ejercicio del
poder que es un artículo de la Constitución, el 258. Desconocido,
desprestigiado por quienes, temerosos de su poder devastador, engañan
haciéndole creer a la gente que el voto en blanco favorece al candidato más
votado.
Es
mentira, el voto en blanco no sólo les impedirá mantenerse en el poder sino que
les impedirá presentarse de nuevo a las elecciones, unas elecciones que será necesario convocar de nuevo
con nuevos y diferentes candidatos. Sé muy bien que esto parece una utopía, que
convencer a un país indolente y descreído como colectividad parece imposible,
pero de momento podemos soñar.
Divulguemos
el artículo 258 de la la Constitución colombiana y que al menos nos quede la
satisfacción de haberlo intentado.
